Opinión

¿Por qué propuse bajar el IBI en el Ayuntamiento de Madrid?

La política es también pedagogía. Hubo que explicar a propios y extraños la necesidad de reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles en nuestra capital. Y no fue fácil.

Hace años, cuando participé en la revisión de la última obra del entonces gobernador de la Reserva Federal norteamericana, Benjamin Bernanke, pude comprobar la importancia que tiene la pedagogía a la hora de que los economistas podamos expresar nuestras apreciaciones.

Tengo en mi mano un recibo del IBI de un madrileño de Vallecas que pagaba 88 euros en el 2001 y 401 euros en el 2014. Vecino que tiene que vender su casa y trasladarse a otra más humilde al no poder soportar los gastos de un tributo real que ahora se le ha vuelto en contra.

Esto inspiró mi Proposición -presentada, defendida y aprobada en el Pleno del 22 de julio de 2015-, trabajada con el concejal socialista e inspector de hacienda, Julio Ransés Pérez Boga, y cuyo objetivo no fue otro que lograr una reducción efectiva del IBI en el municipio de Madrid.

No fueron fáciles las sesiones en el seno del partido socialista en el que, recibos en mano, tuve que explicar la reducción de las rentas disponibles de los ciudadanos de esta villa derivadas de la confiscatoriedad de la política fiscal de la derecha municipal. Lo cierto es que logré convencer a la dirección del PSOE de incluir en el programa electoral la reducción de este tributo real no sin antes tener un profundo debate.

En tan solo 10 años los derechos reconocidos por ingresos de IBI se han multiplicado por más de tres. De 408 en 2004 a 1.334 millones de euros en 2014. Un esfuerzo que sirve para pagar los intereses del dispendio de gastos excesivos e inversiones escasamente preferentes.

Ni la intervención ingrata del Ayuntamiento de Madrid, perpetrada por Montoro y derivada de un endeudamiento explosivo, ni el cumplimiento del principio de suficiencia que esgrime Ahora Madrid, pueden justificar tamaño latrocinio que podría perpetuarse.

Porque el esfuerzo fiscal de los trabajadores madrileños, de los españoles en general, es excesivo. Esfuerzo que se enmascara en los datos de presión fiscal, la desigualdad de rentas y el fraude tributario. En definitiva, los trabajadores acaban pagando lo que otros debieran pagar.

Hace años el Partido Popular señalaba que este incremento en la recaudación del IBI se debía a un aumento en el número de contribuyentes. La mentira tiene las patas cortas: el aumento del número de recibos ha sido del 21% frente a un 227% en la recaudación.

Por este motivo le escribí una carta a Cristóbal Montoro pidiéndole refinanciar la deuda del Ayuntamiento de Madrid aprovechando que los tipos de referencia están casi al 0%. Ahorraríamos unos 200 millones de euros en gastos financieros que nos permitiría desahogar los bolsillos de los vecinos con una bajada de su principal tributo.

Se trataba de reducir el IBI sin que le costara un euro a los madrileños, cuestión de la que ni se ha dado cuenta el concejal de Hacienda -a quien imagino con un ábaco en la mano-, ni miembro alguno de la Junta de Gobierno del actual Ayuntamiento de Madrid.

Quienes más sufren este abuso en forma de IBI son precisamente las personas de menor renta. ¿Pero cómo hacer progresivo un impuesto real –que recae sobre la cosa no sobre la persona-, teniendo tanta jurisprudencia en contra? Por eso insté al Gobierno de la Nación a reformar el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales para reducir el IBI por zonas y hacerlo progresivo en función de la diferencia de rentas entre los barrios.

Una progresividad que, ni ha defendido la reacción del PP, ni ha entendido la demagogia de Podemos. Porque de hecho es los barrios humildes donde mayor es la brecha entre la evolución de los bienes catastrales y el precio de mercado.

Por eso mismo, también propuse aplicar el artículo 74 del Texto Refundido y llevar a cabo beneficios fiscales que aliviaran la renta de aquellos vecinos cuyos inmuebles y barrios no puedan soportar una carga tributaria de este tamaño.

El deber de los concejales es atender a los vecinos, velar por su seguridad, su bienestar y sus rentas. Lejos del partidismo y el sectarismo que tan a menudo se apropian de la vida política.

Logramos sacar adelante una propuesta que ahorra a los madrileños cien euros por recibo. Ahora solo falta que esta propuesta, reforzada con datos y razones, sea puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid.

Como decía Jovellanos, “todo impuesto debe salir de lo superfluo y no de lo necesario”. Yo he hecho mi trabajo.

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